La prueba penal de ADN se ha valorado por los Tribunales desde 1985. Inicialmente, en Inglaterra, primer país que la consideró decisiva en el asunto Queen vs. Pitchfork; con posterioridad, por nuestros Tribunales. En 1992, la Sala Segunda del Tribunal Supremo español se pronuncia por primera vez sobre la misma. Esta prueba no sólo debe considerarse un paradigma de las pruebas científicas, sino también como paradigma de las pruebas penales respetuosas con los derechos fundamentales. Permite la progresiva erradicación de métodos de investigación anclados en sistemas inquisitivos, ya históricamente superados, pero que perviven de una manera u otra, como el uso ilegal, expreso o implícito, de la tortura con objeto de obtener la confesión del reo. Puede ser calificada de prueba neutra, ya que posibilita tanto la absolución como la condena del investigado. De forma que su perfil no es netamente incriminatorio, como lo demuestran los casos de revisión de condenas que han prosperado en base a esta prueba. Conocer críticamente cómo ha interpretado la Sala Segunda del Tribunal Supremo.
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